Escrito por Jisvel Cliff, estudiante en práctica de Periodismo ULS, Núcleo de Comunicación Científica, Facultad de Ciencias.

Actualmente la pesca ilegal se posiciona como la tercera actividad ilícita más lucrativa del mundo y se estima que alrededor de 26 millones de toneladas de recursos marinos son capturados ilegalmente todos los años. En este escenario, las aguas del Pacífico Sur también se han visto afectadas por numerosas actividades sospechosas de pesca ilegal. Esto ya que muchas de estas áreas no cuentan con vigilancia, presupuesto o planes de administración que determinen una estrategia de monitoreo y control. 

Si bien la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar declara que las aguas internacionales son libres para la pesca y navegación siempre que se conserven sus recursos, en la práctica son cada vez más los buques que se desplazan a mayores profundidades, incluso a áreas protegidas, para implementar la pesca de arrastre. Técnica que incurre en la sobrepesca, la captura deliberada de especies protegidas que no cumplen con los requisitos comerciales y la contaminación por el uso de redes y generación de desechos.

Los océanos producen la mayor parte del oxígeno que respiramos, absorben una gran cantidad de emisiones de carbono, regulan el clima y alimentan a la población mundial. No obstante, de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ya se ha demostrado que el 66% de los océanos se encuentra deteriorado, mientras que el 31% de las poblaciones de peces están sobreexplotadas y en 40 años ha desaparecido el 49% de las especies marinas. Frente a ello, las áreas marinas protegidas resultan primordiales para beneficiar el control de la actividad pesquera y preservar la biodiversidad.